Puedes leer el original en la web del PCE aquí.
Las pensiones están en el punto de mira del capital
siendo hoy uno de los problemas más relevantes que preocupan o afectan
directamente a las personas jubiladas y pensionistas, así como a las
generaciones actualmente en activo y a las venideras. Para el PCE el
Sistema Público de Pensiones es un puntal básico del Estado de Bienestar
y garantía de que, en la vejez, después de muchos años de trabajo,
cotizando y pagando impuestos, las personas mayores puedan llevar una
vida mínimamente digna. Las pensiones son un derecho contemplada en el
artículo 40 de la actual Constitución, no son un negocio para banqueros y
capitalistas. Hay que salir al paso de la manipulación a que está
siendo sometida la opinión pública, tendente a generar un “estado de
ánimo” proclive a aceptar recortes, sacrificios o lo que haga falta, con
tal de que se asegure la pervivencia del Sistema.
Cartel del las Marchas de la Dignidad
Así mismo, el gasto en pensiones de España es notablemente inferior al de otros países de la Unión Europea de similar desarrollo económico. Según datos de Eurostat de 2012, la media de gasto en vejez de la UE-15 era del 11,8% del PIB, estando muy por encima países como Italia (15,3%), Dinamarca (14,4%), Austria (13,0%) o Francia (12,9%). Nuestro país figura con el 9,2%. Y en cuanto al Gasto en Pensiones (que incluye prestaciones por desempleo y otras), los países de la Eurozona empleaban de media el 13,5% del PIB, con un 16,1% en Italia y entre el 14/15% en Francia, Austria o Dinamarca. Denunciamos el inadmisible el alarmismo que se está intentando crear al sentenciar que nuestro Sistema será insostenible si no se siguen haciendo reformas y recortes más duros.
Tras la dura reforma de 2011 del PSOE, con aumento de la edad de jubilación a los 67 años, resulta especialmente lesiva la del Gobierno del PP de 2013, que por un lado establece una nueva la fórmula de revalorización de las pensiones y, por otro, establece y anticipa a 2019 el llamado Factor de Sostenibilidad.
El agotamiento del Fondo de Reserva (de los 66.815 millones de euros de que disponía en 2011 quedan en la actualidad 24.207) genera una incertidumbre añadida, pues se está dando a entender que si se agota el Fondo de Reserva no se podrán pagar las pensiones o, como mínimo, no se abonarán las pagas extras. Una falsedad más en este entramado de manipulación de una opinión pública desinformada y atemorizada. Porque, en definitiva, es el Estado el que tiene que hacer frente a sus responsabilidades, tanto si las cotizaciones no llegan como si el Fondo se agota. La Seguridad Social (aunque tenga ingresos vía cotizaciones sociales) es tan parte de los Presupuestos Generales del Estado como la Sanidad, la Educación, la Defensa o la I+D+i. Y, dentro de ella, las Pensiones, por más que se intentara dar un giro a la financiación de éstas (con la “separación de fuentes”) en el Pacto de Toledo.
Estas medidas son el efecto de las políticas de recortes que el PSOE y el PP han puesto en marcha al dictado de la UE y el FMI con la excusa de la crisis para seguir acumulando capital a costa del robo de derechos y de recursos de las clases populares, a través del cumplimiento de los objetivos del déficit y de la reforma del artículo 135 de Constitución que prima el pago de la deuda frente a los derechos de la mayoría social. A la vez la firma de tratados que nos quitan derechos y le dan el poder al empresariado multinacional como el aprobado CETA, el TTIP o el TISA son elementos a combatir en la búsqueda de una vida digna.
Por todo ello desde el PCE nos sumamos a las reivindicaciones de las marchas de la Dignidad para el día 25 de febrero, 28 en Andalucía y exigimos:
- Nuestras pensiones son un derecho, no su negocio.
- Pensiones garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado.
- Una pensión mínima de 1080 euros/mes por 14 pagas y su revalorización automática anual.
- La derogación de las reformas de las pensiones impuestas por los gobiernos del PSOE en 2011 y del PP en 2013.
- La defensa de los servicios públicos, no al pago de la deuda y al cumplimiento del objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea y el FMI, derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y el tratado de la Zona Euro de 2012.
- Acabar contra la represión y amnistiar y poner en libertad a todas las personas detenidas, procesadas o multadas por luchar por sus derechos.
EL PCE llama a participar en las movilizaciones del 25 febrero en todo el Estado y el 28 en Andalucía en la lucha por nuestros derechos y que esto no se conviertan en negocio, llamamos a la movilización por los derechos de nuestra generación y de las venideras para tener una vida digna.
Madrid, 21 de febrero de 2017
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