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LA REFORMA PROPUESTA POR EL EJECUTIVO DEL PP SOBREPASA CON CRECES LAS EXIGENCIAS DE ADECUACIÓN DEL SECTOR POR PARTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
Con su habitual cinismo trata de colar con urgencia una reconversión total del sector por disparar los beneficios privados de unos pocos.
Apenas 24 horas después de la derrota histórica del ejecutivo al perder la votación sobre la reforma del sector de la estiba, la maquinaria propagandística ya se ha puesto en marcha. Los líderes y gerifaltes del Partido Popular corean al unísono la tragedia del pueblo español, obligado a pagar una multa a la UE por la cerrazón de las demás fuerzas políticas y el egoísmo de los estibadores. Y por supuesto, los medios de comunicación mayoritarios replican su discurso sin detenerse a pensar siquiera si es que es verdad.
Pues bien, para variar nos la están colando. Es una falacia. Una engañifa. La enésima mentira que este gobierno nos trata de colar en la cara. La multa en cuestión está dirigida a la existencia del régimen de Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios, SAGEP, una aberración del derecho mercantil creada en el año 2010 para superar el modelo de Sociedades Estatales. Se trata de una especie de monstruo que junta lo peor de cada casa y que, a pesar de configurarse como Sociedad Anónima, hace responsables a los accionistas de las deudas de la misma, por ejemplo. No tiene nada que ver con las condiciones laborales ni el convenio colectivo de los estibadores.
En diciembre de 2014 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecía que dicho modelo de SAGEP atentaba contra la libertad de mercado "al imponer a las empresas [...] tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta". En su misma sentencia, el propio Tribunal indicaba que "existen medidas que son menos restrictivas que las aplicadas por el Reino de España y que, al mismo tiempo, son idóneas para conseguir un resultado similar y para garantizar tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio de manipulación de las mercancías como la protección de los trabajadores". No se nos escapa que la sentencia va muy en la línea de Bruselas de anteponer la 'libertad económica' y los intereses de las corporaciones antes que la protección de los recursos estratégicos de los estados miembros (por no hablar ya de los derechos de los trabajadores, que para la Comisión hace más de 25 años que deben parecer un objeto mitológico).
Sin embargo, la reforma propuesta por el ejecutivo del Partido Popular, tal y como nos tiene acostumbrados, sobrepasa con creces las exigencias de adecuación del sector por parte de la Comisión Europea. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, emplea la sentencia como excusa para dar un gran salto hacia adelante y plantea destrozar los derechos laborales y la protección de los trabajadores reconocida incluso por la voraz Unión Europea mediante la sentencia de su Tribunal de Justicia.
Con su habitual cinismo, tras más de dos años sin tomar medida alguna en consonancia con dicha sentencia, ahora que está apunto de llegar una sanción económica (absolutamente ridícula, por cierto, en el orden de magnitud comercial entre estados de la UE, pero no es el tema del cual estamos hablando), trata de colar con urgencia una reconversión total del sector a la que nadie, salvo su desenfrenado ansia por disparar los beneficios privados de unos pocos. Pues no. Esta vez no. Que nadie caiga en sus falacias tramposas. Si se quiere evitar la imposición de la multa y se cuenta con la voluntad política, se puede hacer vadeando menoscabar los derechos laborales del sector de la estiba. Y si no se cuenta con dicha voluntad política, alguien debería continuar retorciendo el brazo del ejecutivo para que la adquiera.
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