En relación a los salvajes recortes que está aplicando el Gobierno Regional de Cospedal en la Administración Pública, y más concretamente en los conocidos en los últimos días que se refieren al Sistema Público de Servicios Sociales, el Partido Comunista de España de la provincia de Albacete quiere manifestar lo siguiente:Cualquier recorte que se refiere a derechos de las y los ciudadanas/os, así como los recortes en las prestaciones destinadas a paliar las situaciones de desigualdad social, marginación y exclusión social, atentan directamente a la base de un Estado Social, quien debería aumentar y no disminuir los recursos para la protección de los más débiles, y aún más en tiempos de crisis económica que pagan los desprotegidos y no los culpables. Lo que estamos viviendo es una expresión de Estados Liberales gestionados como empresas, donde lo humano no tiene relevancia frente a la ganancia económica de bancos y grandes empresas.
Lo que está pretendiendo el Gobierno Regional es hacer desaparecer el Sistema Público de Servicios Sociales, eliminando prácticamente en su totalidad la red de atención a inmigrantes, la red de atención a mujeres, la posibilidad de prevención e intervención comunitaria y el trabajo con colectivos desfavorecidos, y reduciendo drásticamente los servicios y la calidad de la atención a menores, a mayores, a discapacitados, a personas en situación de dependencia, ayuda a domicilio y un largo etc. Mucho tememos que estas medidas se enmarcan en un plan que pretende sustituir el actual Sistema por otro basado en la beneficencia y sustentado en empresas y falsas ONGs de corte religioso, con lo que habremos consumado un camino iniciado hace años de vuelta a las sociedades del siglo XVIII.
El falso izquierdismo de los gobiernos de Bono y Barreda han propiciado un sistema que se ha demostrado tan débil como para ser desmantelado en pocos días y sin tener que modificar ley ni decreto alguno (convenios anuales, temporalidad, innumerables interinos, recortes presupuestarios desde hace años en las partidas destinadas a servicios básicos dentro de los Servicios Sociales, clientelismo…). La Ley de Servicios Sociales vigente actualmente en Castilla-La Mancha ha entrado en vigor a principios del presente año y se ha demostrado incapaz de mantener el Sistema de Servicios Sociales existente, abriendo la puerta a la privatización masiva de servicios y prestaciones, dejando desprotegidas a la práctica totalidad de figuras profesionales que desempeñan su labor desde hace más de 30 años en muchos casos en el ámbito de los Servicios Sociales.
En nuestra provincia, esta situación se concreta en cientos de trabajadoras/es que no van a continuar trabajando en el próximo mes de enero, numerosos trabajadores que llevan sin cobrar hasta 14 nóminas en algunos casos y miles de personas beneficiarias de sus servicios y atenciones que van a quedar desprotegidas o, en el mejor de los casos, desatendidas o no atendidas de manera correcta. Esta situación es especialmente grave y afecta de manera más dura a las zonas rurales de la provincia, que en muchos casos se quedarán sin profesionales que puedan acercar a sus municipios los recursos que sobrevivan a la drástica reforma emprendida.
El PCE quiere expresar su repulsa por estas decisiones del Gobierno Regional y mostrar el apoyo incondicional a todas aquellas acciones que las/los trabajadores/as, así como las/los ciudadanos han emprendido o emprendan para defender el Sistema Público de Servicios Sociales, recordando a la ciudadanía que lo que está en juego y se quiere suprimir son derechos fundamentales que se han conseguido gracias a la lucha de muchas personas desde hace décadas y no estamos dispuestos a permitir que sean suprimidos por orden de los mercado financieros y mediante la acción directa de ningún gobierno social-demócrata ni demócrata-cristiano de turno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario